Cuando el silencio no es neutro: cómo la subasta del espectro radiofónico afecta a las personas mayores y a los hogares de bajos ingresos en Costa Rica

Por Eduardo Méndez, Director de Costa Rica Mayor | San José, 22 de noviembre de 2025

Costa Rica atraviesa un momento crítico en su historia comunicacional. La subasta del espectro radiofónico y televisivo, impulsada por el Gobierno y administrada por la SUTEL, está reconfigurando —casi sin que lo notemos— quién puede mantenerse al aire y quién no. El cierre de Radio Sinfonola, una de las emisoras más queridas y escuchadas durante casi seis décadas, marcó un antes y un después. Su despedida pública, en la que responsabiliza al Gobierno por no poder competir económicamente en la licitación de frecuencias, revela un problema más profundo que una disputa administrativa: muestra el inicio de un silenciamiento que golpea directamente a las personas adultas mayores y a los hogares de menores ingresos en las zonas rurales del país.

La salida de Sinfonola no es un simple cambio en la parrilla de radio. Es una señal dolorosa para cientos de miles de costarricenses mayores de 45 años que no tienen cable, no pagan plataformas de streaming y encuentran en la radio un servicio público cultural, accesible, gratuito y cotidiano. Para ellos, perder una emisora no es perder entretenimiento. Es perder compañía, información confiable y un contacto esencial con la vida nacional.

En portada: Don Carlos Lafuente fundador de Radio Sinfonola. Escuche su despedida.

La radio ha sido, por décadas, el medio de quienes aún no están completamente incluidos en la era digital. Mientras avanzan Netflix, YouTube, TikTok y las plataformas de pago, una gran parte de la población adulta mayor continúa utilizando la radio como su principal puerta de acceso al mundo. Para quienes viven con pensiones bajas, trabajos informales o en comunidades rurales donde la señal móvil es defectuosa, la radio es su noticiero, su entretenimiento, su compañía diaria y su conexión emocional con el país.

Los estudios de audiencia muestran que los mayores niveles de escucha se concentran entre los 45 y los 60 años en adelante. También indican que, para muchas personas mayores, la radio es la única ventana informativa cuando se caen los datos móviles, no hay presupuesto para planes de internet o la tecnología simplemente no forma parte de su vida. En un país donde la desigualdad digital es real y creciente, la radio continúa siendo un soporte vital para millones de personas.

Mientras tanto, la subasta de frecuencias avanza sin distinguir entre los actores que conforman el ecosistema mediático nacional. La propuesta del Gobierno se presenta como un ejercicio de modernización y transparencia, pero la realidad es más compleja. La licitación trata por igual a consorcios multimillonarios, radios comunitarias, emisoras culturales, radios católicas sostenidas por comunidades religiosas y pequeñas pymes como Sinfonola. El resultado es evidente: los grandes sobreviven, los pequeños desaparecen.

Cuando se apaga una radio local, no solo pierde un concesionario. Pierde el agricultor que depende de su transistor para saber el clima; la mujer de 58 años que escucha la radio mientras cocina; la persona adulta mayor que vive sola y depende de la voz humana que le acompaña; las familias rurales que no tienen internet estable; el conductor de autobús que se informa en carretera; los hogares que no pueden pagar televisión de cable ni servicios de streaming. Cada cierre es una pérdida cultural, emocional y comunitaria.

En este contexto, la situación de las emisoras católicas y comunitarias se vuelve especialmente frágil. Estas radios sin fines de lucro han sido históricamente espacios de acompañamiento social, evangelización, formación y cultura. En muchas zonas rurales, son literalmente la voz de la comunidad y la única presencia mediática estable. Sin los recursos económicos necesarios para competir en igualdad de condiciones en una licitación millonaria, muchas podrían desaparecer, llevando consigo parte del patrimonio espiritual, cultural y social del país.

El impacto de la subasta del espectro golpea con mayor fuerza a las personas adultas mayores y a los hogares de bajos ingresos porque profundiza el aislamiento, reduce el acceso a información confiable, debilita la identidad cultural y amplía la brecha digital. Cuando la radio abierta desaparece, quienes pierden no son quienes tienen plataformas digitales, fibra óptica y acceso a múltiples dispositivos; son quienes dependen de la radio como su último espacio de conexión con el país.

La modernización del espectro es necesaria, pero no puede hacerse sin una comprensión profunda del impacto social. Tratar igual a actores profundamente distintos no es justicia. Exigir a una pyme cultural lo mismo que a una transnacional no es equidad. Ignorar la realidad de las personas adultas mayores, de las comunidades rurales y de los hogares más vulnerables no es gobernanza responsable.

Costa Rica necesita un modelo de adjudicación que reconozca el valor social de las radios comunitarias, culturales, rurales y religiosas; que proteja el derecho al acceso a la información; que considere criterios diferenciados que respeten la función social de estas emisoras; que evite la concentración de frecuencias en pocas manos; y que mantenga vivas las voces que han acompañado por décadas a quienes más lo necesitan.

“Dejar a un amigo nunca es fácil”, dijo Sinfonola en su despedida. Para quienes crecieron, trabajaron y envejecieron con la radio como compañera fiel, su silencio no es un dato técnico: es una herida afectiva. Ojalá este no sea el comienzo de un país donde solo quienes pueden pagar escuchan, opinan y cuentan. La verdadera democratización del espectro no apaga voces: las amplifica.

Para comprender más:

Estos son los montos a pagar por las consesiones: