CONTEXTO · PENSIONES . Por: Eduardo Méndez, Director de www.costaricamayor.com
A finales de octubre, la CCSS abrirá una mesa de diálogo para discutir 20 propuestas de reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Le explicamos qué es ese régimen, por qué la Caja dice que hay que cambiarlo y qué significaría cada medida para quien cotiza y para quien ya está pensionado.
La Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social llevará a una mesa técnica nacional un paquete de 20 propuestas para sostener el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, conocido como IVM. Algunas cambiarían las reglas para jubilarse; otras afectarían a quienes ya reciben una pensión. Antes de entrar en ellas, conviene entender cómo funciona el sistema que se quiere reformar.
Qué es el IVM y cómo se financia
El IVM es el seguro de pensiones obligatorio que administra la CCSS para la mayoría de las personas trabajadoras del país. Cada mes, el trabajador, su patrono y el Estado aportan un porcentaje del salario. Con ese dinero se pagan tres tipos de pensión: por vejez, cuando la persona se retira; por invalidez, cuando una enfermedad o un accidente le impiden seguir trabajando; y por muerte, que reciben viudas, viudos e hijos de un asegurado fallecido.
A abril de 2026, el régimen pagaba 401.423 pensiones, de las cuales 235.702 eran por vejez. El sistema funciona en buena medida con lo que aportan quienes hoy trabajan: sus cotizaciones pagan las pensiones de quienes ya se retiraron. Cuando sobra dinero, se guarda en una reserva que se invierte y genera intereses. Esa reserva es el colchón para los años en que las cotizaciones no alcancen.
Por qué se habla de reformarlo
Esos años ya llegaron. Según un oficio de la Gerencia Financiera de enero de 2026, en 2025 el régimen necesitó ¢266.638 millones de sus reservas para completar el pago de pensiones: ¢215.837 millones salieron de los intereses y ¢50.801 millones del capital. La valuación actuarial anterior no preveía tocar el capital de la reserva sino hasta 2041. El Comité de Vigilancia del IVM advirtió en enero que, sin cambios, la reserva podría agotarse antes de 2047.
La Gerencia de Pensiones lo explica por la demografía. La fecundidad bajó de 2,5 hijos por mujer en el año 2000 a 1,3 en la actualidad, y la población vive más años. Eso significa que entran menos personas a cotizar mientras crece el número de pensionados y se alarga el tiempo que cada uno recibe su pensión.
Qué cambiaría para quien todavía cotiza
Una cuota equivale a un mes cotizado. Hoy, para pensionarse por vejez a los 65 años con pensión completa se necesitan 300 cuotas, es decir, 25 años de aportes. La propuesta sube el requisito a 360 cuotas, o 30 años. La edad de 65 no cambiaría, y quien llegue a esa edad con al menos 15 años cotizados podría seguir optando por una pensión proporcional, que se calcula en relación con los años aportados y por eso es menor. En la práctica, quien a los 65 tenga 25 años cotizados tendría que seguir trabajando hasta cinco años más para obtener la pensión completa, o aceptar una proporcional.
El segundo cambio afecta el monto. La pensión se calcula aplicando un porcentaje, llamado tasa de reemplazo, sobre el salario de referencia, que es un promedio de los salarios cotizados a lo largo de la vida laboral, actualizados por inflación. Hoy ese porcentaje va del 43% al 52,5%, y es más alto para quienes ganaban menos. La propuesta lo llevaría a un rango de 40% a 43%. Con un salario de referencia de ¢800.000, la pensión actual iría de ¢344.000 a ¢420.000; con la regla propuesta, de ¢320.000 a ¢344.000. La reducción sería mayor para las personas de menores ingresos, que pasarían de 52,5% a un máximo de 43%.
La Caja plantea que esa diferencia la compense el Régimen Obligatorio de Pensiones, el ROP: una cuenta individual, administrada por una operadora de pensiones, donde se acumulan aportes a nombre de cada trabajador asalariado. La idea es que IVM y ROP sumen cerca del 60% del salario. Sectores académicos y sindicales objetan que el ROP fue creado como complemento del IVM y no como sustituto, y advierten que el aumento de cuotas golpearía más a las mujeres, cuyas trayectorias laborales se interrumpen con frecuencia por la crianza y el cuido.
Qué cambiaría para quien ya está pensionado
Las personas pensionadas del IVM tienen seguro de salud sin pagar una cuota de su bolsillo, porque ese aporte lo cubre el propio fondo de pensiones. La propuesta es que cada persona pensionada asuma un 5% de su pensión para el Seguro de Salud, rebajado directamente cada mes. Con la pensión promedio de vejez, de ¢419.108 a noviembre de 2025, el rebajo sería de unos ¢21.000 mensuales. La Caja lo presenta como una equiparación con los regímenes del Magisterio Nacional y del Poder Judicial, cuyos pensionados ya pagan ese porcentaje. Para aplicarlo se requieren reformas legales.
Hay otras dos propuestas que tocan a quienes ya se pensionaron. Una es una contribución solidaria a cargo de las pensiones más altas, sin monto ni porcentaje definidos todavía. La otra se refiere a la pensión mínima, que hoy está ligada a la base mínima contributiva, el salario más bajo sobre el cual se puede cotizar. Cuando esa base sube, la pensión mínima sube con ella. La propuesta elimina ese vínculo automático y fijaría el piso con otro criterio, que el informe técnico no detalla.
De dónde más saldría el dinero
Parte del paquete busca recursos fuera de las pensiones. Hoy los patronos aportan un 0,5% de cada salario por ley del Banco Popular; la mitad va al ROP y la otra mitad al banco. La propuesta redirige esa segunda mitad, el 0,25%, al IVM. También plantea trasladar al régimen las cargas patronales que hoy financian al INA y a Fodesaf, cerca de un 7,25% de las cargas sociales, con el Estado reponiendo ese dinero a esas instituciones, y destinar un punto del IVA a cuentas de ahorro para el retiro.
Otra propuesta es cobrar por separado lo que el Estado debe al IVM y lo que debe al Seguro de Salud. A mayo de 2025, la deuda con el IVM era de ¢769.333 millones. El informe técnico de la Contraloría sobre el presupuesto de 2027, del 30 de setiembre, indica que la CCSS recibiría el 67,6% de lo que solicitó y que no hay partida para amortizar la deuda estatal, que la Caja estima en ¢4,67 billones sumando todos sus seguros. Organizaciones de pensionados como Sociprot piden que esa deuda se cobre antes de modificar beneficios.
Quienes no tienen pensión
El informe de la Gerencia de Pensiones estima que cerca del 40% de las personas mayores de 65 años no recibe pensión. Para quienes viven en pobreza existe el Régimen No Contributivo, financiado principalmente con recursos de Fodesaf, que paga ¢82.000 mensuales, monto sin ajuste desde junio de 2019. Según la Contraloría, el proyecto de presupuesto 2027 reduce en 48% la transferencia de Fodesaf a ese régimen y cubre el 61,9% de lo que la CCSS calcula necesitar. Entre las 20 propuestas hay medidas para ampliar esta cobertura, aunque sin cifras.
Cómo se tomará la decisión
La mesa técnica no decide por sí misma: su función es analizar las propuestas y recomendar. Las medidas que dependen de una ley, como el cambio en el aporte al Banco Popular o el cobro del 5% para salud, tendrían que pasar por la Asamblea Legislativa. Las que están en el Reglamento del IVM, como el número de cuotas o la tasa de reemplazo, puede aprobarlas la Junta Directiva de la CCSS. Así ocurrió en 2021, cuando la Junta cambió el cálculo de la pensión y eliminó la jubilación anticipada para los hombres. La mesa anterior, de 2017, presentó 33 propuestas y la mayoría no se aplicó.
La Junta Directiva está hoy incompleta. El puesto que corresponde al sector trabajador para 2026-2030 no ha sido ocupado: el Consejo de Gobierno rechazó a la persona elegida por el Movimiento Sindical, la Sala Constitucional ordenó el 25 de setiembre tramitar su nombramiento y, vencido el plazo sin juramentación, los sindicatos pidieron el 9 de octubre que se declare el desacato. Tampoco hay una lista oficial de quiénes integrarán la mesa; al menos dos agrupaciones de pensionados han solicitado participar. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por Costa Rica, reconoce tanto el derecho a la seguridad social como el derecho a participar en las decisiones que afectan la propia vida.
La mesa técnica arranca a finales de octubre. ¿Cuáles de estas propuestas saldrán de ella y quiénes participarán en la decisión?
Comparta esta explicación con quien cotiza al IVM o ya recibe su pensión. Lo que se discuta en la mesa le afecta directamente.
Cuéntenos cómo le afectaría a usted o a su familia el rebajo del 5% o el paso a 360 cuotas. Escríbanos a hola@costaricamayor.com o por WhatsApp al +506 8324-0116.
Fuentes: Gerencia de Pensiones de la CCSS, propuestas para la sostenibilidad del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (2026); Gerencia Financiera de la CCSS, oficio sobre uso de reservas del IVM, enero de 2026; Contraloría General de la República, informe técnico sobre el proyecto de Presupuesto 2027 (DFOE-FIP-MTR-00004-2026), 30 de setiembre de 2026; Sala Constitucional, voto 2026-031380; CCSS, datos de beneficiarios del IVM a abril de 2026; Semanario Universidad, Delfino.cr, CRHoy y Observador (2026). Los cálculos de ejemplo son de elaboración propia.
