Por Redacción: Costa Rica Mayor
San José, Costa Rica. 16 de Junio 2025 – Un “grave error” en la interpretación de la nueva estructura tarifaria del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha provocado cobros desproporcionados para cerca de 39 000 servicios, afectando principalmente a viviendas compartidas y condominios. Este problema, ya reconocido por el AyA y actualmente bajo investigación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), ha desatado una oleada de reclamos de personas usuarias sorprendidas por aumentos exorbitantes en sus recibos, algunos de los cuales pasaron de ₡14 000 a más de ₡390 000, sin variaciones significativas en el consumo.
Este fallo en la facturación impacta con especial gravedad a las personas adultas mayores que dependen de pensiones mínimas para cubrir sus necesidades básicas. Para quienes viven con menos de ₡200 000 mensuales, enfrentar un cobro de cientos de miles de colones por el servicio de agua representa una amenaza directa a su seguridad económica, su salud y su dignidad.
El origen del error radica en la incorrecta aplicación de los bloques tarifarios progresivos. Según informes de medios nacionales, el AyA interpretó que los medidores compartidos que abastecen a múltiples viviendas debían ser facturados como si se tratara de un solo consumidor con alto consumo, y no como múltiples hogares con consumos individuales. Esta distorsión tarifaria generó un incremento injustificado en el monto a pagar y rompió con los principios básicos de proporcionalidad y equidad en el acceso a los servicios públicos. Aunque ARESEP había emitido lineamientos claros para evitar este tipo de errores, el AyA no contaba con la infraestructura ni los procedimientos adecuados para aplicarlos correctamente.
Para las personas adultas mayores, este tipo de situación se traduce en consecuencias directas y preocupantes. Muchas experimentan altos niveles de estrés y ansiedad al no saber cómo cubrir montos tan elevados sin comprometer otras necesidades como alimentos o medicamentos. El riesgo de desconexión del servicio, pese a las medidas cautelares ordenadas por la Sala Constitucional, genera una sensación de vulnerabilidad y abandono institucional. A esto se suma la dificultad para presentar reclamos, ya que muchas personas mayores carecen de acceso digital o no cuentan con redes de apoyo que les acompañen en estos procesos.
Desde Costa Rica Mayor se advierte que este tipo de errores administrativos puede constituir una violación indirecta al derecho humano al agua, especialmente cuando afectan de forma desproporcionada a sectores vulnerables. Además, se vulneran compromisos internacionales asumidos por el país, como los establecidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que garantiza el acceso equitativo a servicios básicos sin discriminación por edad.
Tanto el AyA como ARESEP han reconocido la gravedad del problema. El AyA admitió confusión jurídica sobre cómo aplicar los cargos fijos en medidores colectivos y solicitó orientación formal al ente regulador. ARESEP, por su parte, ha ordenado una revisión técnica y jurídica del caso, instando a realizar ajustes, corregir errores, evitar cortes de agua y considerar la devolución de los cobros excesivos. También ha sugerido que, en la medida de lo posible, se instalen medidores individuales para evitar distorsiones futuras, aunque esta solución no siempre es viable para personas adultas mayores por los costos y las condiciones habitacionales.
Ante esta situación, las personas usuarias afectadas pueden presentar sus reclamos a través de la línea gratuita 800-RECLAMO, por WhatsApp o de manera presencial en oficinas locales del AyA. Es importante destacar que, una vez ingresado el reclamo, no puede procederse con el corte del servicio hasta que se resuelva la controversia.
En este contexto, se vuelve urgente que las autoridades actúen con celeridad y sensibilidad social. Se debe corregir de inmediato la facturación errónea, sin exigir a las personas adultas mayores procesos engorrosos ni conocimientos técnicos. También es necesario establecer protocolos de atención diferenciada para quienes viven con pensiones mínimas y garantizar el acompañamiento institucional —desde el CONAPAM, el IMAS o las municipalidades— en la gestión de sus derechos.
Este error tarifario del AyA no es simplemente una falla administrativa. Es un reflejo de las debilidades estructurales en la prestación de servicios públicos y un llamado de atención sobre la necesidad de incorporar una perspectiva de envejecimiento y derechos humanos en todas las decisiones que afectan a la población. El acceso al agua potable no puede convertirse en un privilegio para quienes pueden pagar de más, mientras se empuja a las personas mayores a elegir entre pagar el recibo o alimentarse. El agua es un derecho humano, no un lujo, y garantizarlo con justicia y dignidad debe ser una prioridad irrenunciable del Estado costarricense.
