Por: Sandra Fuentes, Máster en Administración de Empresas
En Costa Rica, basta con pasar frente a un centro diurno para observar una escena que reconforta: personas mayores conversando, participando en actividades, riendo, compartiendo. Es una imagen que transmite bienestar. Pero lo que no siempre se ve —y lo que como país aún no terminamos de comprender— es que esa escena no ocurre por casualidad.
Detrás de cada actividad, cada espacio de socialización y cada intervención profesional, existe una estructura compleja de gestión, planificación y financiamiento que hoy opera bajo una tensión silenciosa: la sostenibilidad del modelo. Porque lo que muchos perciben como un “espacio recreativo”, en realidad es un servicio esencial de atención integral, vinculado directamente con la calidad de vida, la salud, la autonomía y la dignidad de las personas adultas mayores. Y ese matiz no es menor: es un tema de derechos humanos.
Cada centro diurno, es operado en la mayoría de los casos por Juntas Directivas por personas voluntarias que han dado un heroico paso al frente para atender los desafíos del envejecimiento y vejez en sus comunidades.
No es asistencia: es un derecho
En Costa Rica, el acceso a servicios de cuido y atención para las personas mayores no es un acto de caridad ni una concesión institucional. Está respaldado por un marco jurídico claro, que incluye la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ambos instrumentos establecen que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones que permitan un envejecimiento digno, activo y con acceso a servicios adecuados. Sin embargo, la realidad muestra una brecha preocupante.
Actualmente, el país cuenta con alrededor de 125 centros diurnos – entre los que son gestados bajo el esquema del Conapam y el apoyo de algunas municipalidades – que atienden a una fracción muy limitada de la población mayor. En un contexto donde más de 800 mil personas superan los 60 años, esto implica que menos del 3% accede a este tipo de servicios. Es decir, el modelo ya es insuficiente… y la demanda apenas está comenzando.
Costa Rica envejece más rápido de lo que responde
Costa Rica ha alcanzado una de las esperanzas de vida más altas de América Latina. Pero este logro, que debería celebrarse, también plantea un desafío estructural: cómo garantizar que vivir más años signifique vivir mejor. Las proyecciones son claras: para el año 2050, una de cada cuatro personas en el país será mayor de 65 años.
Este cambio demográfico no es futuro. Es presente.
Y pone en evidencia una realidad incómoda: el país aún no cuenta con un sistema de cuidados robusto, articulado y sostenible que responda a esta transformación.
El riesgo silencioso: un modelo que depende de la “gestión heroica”
Hoy, muchos centros diurnos operan gracias a una combinación de recursos públicos limitados, esfuerzos comunitarios y una gestión administrativa que constantemente debe “hacer más con menos”.
Esto genera una situación crítica: servicios esenciales sostenidos por una lógica de sobrevivencia, más que por una política pública consolidada.
El problema no es solo financiero. Es estructural.
Cuando el cuidado depende de la voluntad, el sacrificio o la improvisación, deja de ser un derecho garantizado y se convierte en un privilegio frágil.
Corresponsabilidad sí, pero sin debilitar al Estado
Hablar de sostenibilidad implica necesariamente discutir nuevos modelos de financiamiento. Entre ellos, esquemas de corresponsabilidad donde participen el Estado, las familias y la comunidad.
Sin embargo, este punto requiere una precisión fundamental: la corresponsabilidad no puede convertirse en una excusa para trasladar la obligación estatal a los hogares.
Cualquier modelo que incorpore aportes o copagos debe estar regulado, ser equitativo y garantizar el acceso universal, especialmente para las personas en condición de vulnerabilidad. Ya la Ley 10192 que crea el Sistema Nacional de Cuidados se abre a iniciativas del copago.
El principio es claro: el cuidado es un derecho, no un servicio condicionado a la capacidad de pago.
Más que centros diurnos: la urgencia de un sistema nacional de cuidados
Lo que está en juego no es únicamente la sostenibilidad de los centros diurnos. Es la forma en que Costa Rica decide enfrentar el envejecimiento de su población.
Esto implica avanzar hacia un sistema nacional de cuidados que:
articule servicios
garantice cobertura
profesionalice la atención
y reconozca el valor económico y social del cuidado
En otras palabras, pasar de soluciones fragmentadas a una política pública integral.
La pregunta que define el futuro
Hay una pregunta que debería incomodarnos más de lo que lo hace:
¿Quién va a cuidar a Costa Rica en el 2050?
La respuesta no está en el futuro. Se está construyendo hoy.
Se construye cuando el país decide si el cuidado será un derecho garantizado o una carga invisible.
Se construye cuando se fortalece —o se debilita— el rol del Estado.
Se construye cuando se reconoce que invertir en las personas mayores no es un gasto, sino una estrategia de desarrollo.
Porque al final, cuidar los centros diurnos no es solo sostener un servicio.
Es definir el tipo de sociedad en la que queremos envejecer.
