San José, 19 de mayo de 2025.
Las autoridades han encendido las alarmas ante el aumento de casos de fraude registral en Costa Rica, un delito que afecta de manera desproporcionada a personas adultas mayores. Este tipo de fraude implica la falsificación de documentos notariales y la alteración de inscripciones en el Registro Nacional para apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles, especialmente propiedades habitacionales o terrenos de quienes están en situación de vulnerabilidad.
El problema ha sido identificado por instituciones como el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Notariado, quienes advierten que las personas mayores de 60 años representan uno de los grupos más afectados debido a factores como el desconocimiento de procedimientos legales, el aislamiento social, la confianza excesiva en terceros o la ausencia prolongada de vigilancia sobre sus propiedades.
“Hay adultos mayores que viven solos o dependen de terceros para sus gestiones. Esto los expone a situaciones donde sus firmas son falsificadas o sus bienes son transferidos sin su conocimiento”, indicó una fuente judicial consultada por Costa Rica Mayor.
¿Cómo operan estos fraudes?
Los casos más comunes involucran la falsificación de firmas en escrituras públicas, el uso de documentos suplantados, poderes notariales fraudulentos o el uso indebido de testamentos antiguos. Los delincuentes presentan estos documentos ante notarios poco rigurosos o cómplices, y luego inscriben los cambios ante el Registro Nacional.
Las víctimas suelen enterarse del delito cuando intentan vender sus propiedades, reciben una notificación judicial o descubren que un tercero aparece como propietario legítimo.
¿Por qué las personas mayores son un blanco fácil?
Expertos en gerontología advierten que el fraude patrimonial es una forma de violencia económica, muchas veces invisibilizada. Los adultos mayores que viven solos, que han dejado sus propiedades en zonas rurales o costeras, o que se encuentran en proceso de deterioro cognitivo, son particularmente vulnerables. “El envejecimiento en Costa Rica debe ir acompañado de estrategias para la protección legal y patrimonial de las personas mayores. Este tipo de delitos no solo afecta su seguridad económica, sino también su salud emocional y su calidad de vida”, señaló Eduardo Méndez, especialista en envejecimiento y vejez consultado por este medio.
¿Qué hacer para prevenirlo?
Las autoridades recomiendan una serie de acciones preventivas para protegerse del fraude registral:
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Revisar periódicamente el estado jurídico de sus propiedades en el Registro Nacional.
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Evitar firmar documentos sin asesoría legal clara y confiable.
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Designar un apoderado de confianza con límites claros, si se requiere apoyo en la gestión de bienes.
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Reportar cualquier irregularidad ante la Fiscalía o el Registro Nacional.
Además, se insiste en que la familia y los entornos cercanos deben ser aliados en la protección patrimonial de las personas mayores, promoviendo el acompañamiento y la toma de decisiones informadas.
Una responsabilidad colectiva
Desde Costa Rica Mayor, hacemos un llamado a las autoridades para reforzar la educación legal preventiva, especialmente dirigida a las personas adultas mayores. También instamos a los notarios públicos a cumplir su rol con responsabilidad ética, evitando prácticas negligentes o cómplices.
Proteger el patrimonio de las personas mayores es también proteger su dignidad, su historia y su derecho a envejecer con seguridad.
