CONTEXTO · DEMOGRAFÍA Y PAÍS. Por: Eduardo Méndez, Director www.costaricamayor.com
En septiembre de 2010, apenas 11 de cada 100 habitantes habían cumplido 60 años. En febrero de 2026 eran casi 23, más que los menores de 15, mientras cada año nacen miles de bebés menos. El cambio no habla únicamente de las personas mayores: está reorganizando el empleo, la salud, las pensiones, los cuidados y el mapa del país en el que todos vamos a vivir.
En 2024 nacieron en Costa Rica 45.821 personas. Una década antes habían nacido 71.793. En ese mismo periodo, la tasa global de fecundidad bajó de 1,78 a 1,12 hijos por mujer, según las Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En el otro extremo de la pirámide ocurre el movimiento inverso. Según el Banco Central de Costa Rica (BCCR), con base en datos del INEC, en septiembre de 2010 las personas de 60 años o más representaban el 11,0% de la población y los menores de 15 años el 25,1%. En febrero de 2026, el primer grupo alcanzaba el 22,7% y el segundo el 20,4%.
Para febrero de 2026, esa relación ya se había invertido. Y conviene nombrarlo con precisión.
Una frontera con dos umbrales
El dato del BCCR usa el corte de 60 años, habitual en la estadística laboral. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, n.º 7935, reformada en 2022, define como persona adulta mayor a quien tiene 65 años o más, y también a toda persona con síndrome de Down mayor de 40 años. Por eso este medio no afirma que “ya hay más personas adultas mayores que niños”: sería mezclar dos categorías distintas. “Frontera demográfica”, además, es una lectura periodística, no una categoría oficial.
Con el umbral de 65 años, la frontera está a la vuelta de la esquina. Con base en las proyecciones del INEC, el BCCR sitúa en 2031 el momento en que las personas de 65 años o más serán el 15,0% de la población, prácticamente el mismo peso que los menores de 15 (15,1%). Después, la relación se invierte. Otra frontera se cruzó sin mayor ruido: según el INEC, desde 2016 hay más personas de 65 años o más que niñas y niños menores de cinco, y para 2029 la relación será de tres a uno.
No es solo que vivamos más
La explicación habitual, “la gente vive más”, es cierta pero incompleta. Para 2026, el INEC proyecta una esperanza de vida al nacer de 83,69 años para las mujeres, 78,68 para los hombres y 81,19 en total; para 2050, de 84,27 años. Se trata de promedios poblacionales, que esconden diferencias por sexo, territorio y condición social. Pero el motor más potente del cambio está en la base de la pirámide. Desde 2020 el país vive en lo que el INEC califica como ultrabaja fecundidad, por debajo de 1,5 hijos por mujer, y los hogares se achican: según la Encuesta Nacional de Hogares, en 2025 promediaron 2,83 integrantes, frente a 2,91 en 2024.
Costa Rica se organizó durante décadas para una sociedad en la que nacían muchos niños y las vidas eran más cortas. Ahora debe aprender a organizarse para otra en la que nacen menos personas y las vidas, en promedio, son más largas. Ese giro no es un problema de “ellos”: es la transformación del país entero.
El empleo ya siente el cambio
Esto no es una predicción para 2050. El BCCR vincula parte de la caída de la participación laboral, que se ubicó en 55,1% en el trimestre terminado en noviembre de 2025, con el cambio en la composición por edades. En ese periodo, las personas de 60 años o más representaron el 48,8% de las salidas de la fuerza de trabajo. Según la Encuesta Continua de Empleo, en el segundo trimestre de 2025 había 923.000 personas de 60 años o más fuera del mercado laboral, el 47,9% de toda la población fuera de la fuerza de trabajo.
Entre las personas de 60 años o más que están fuera de la fuerza laboral, el principal motivo declarado es la vejez, según el BCCR. Las estadísticas disponibles no permiten saber cuántas de esas salidas fueron plenamente voluntarias. Lo que sí está claro es el marco jurídico: la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Costa Rica, obliga al Estado a prevenir la discriminación por edad en el empleo. La pregunta de fondo no es cómo “emplear a los adultos mayores”, sino cómo sostiene su producción una economía en la que entran menos jóvenes, y qué condiciones encuentra quien quiere seguir trabajando a los 62 o a los 70 años.
La Caja atenderá a otro país
El estudio actuarial del Seguro de Salud que la CCSS presentó en abril de 2026 ofrece dos métricas que conviene no mezclar. La primera es de gasto: el asociado con la población de 66 años o más pasaría de poco más de ₡600.000 millones en 2024 a unos ₡2 billones en 2038. La segunda es de población: las personas de 65 años o más pasarían de 546.225 en 2023 a 988.860 en 2038, un aumento del 81%, equivalentes al 18,3% de la población.
El envejecimiento aumentará la utilización de servicios y el peso relativo del gasto sanitario en edades avanzadas, pero no debe confundirse con la causa única de los problemas financieros del Seguro de Salud. La cobertura del propio estudio señala otros factores de peso, en particular la morosidad en las contribuciones, especialmente las que corresponden al Estado. La pregunta correcta es cómo reforzar un sistema, que cuenta con una larga red de atención primaria, para responder cada vez más a la cronicidad, la rehabilitación, la geriatría y la atención domiciliaria.
El cuidado, el verdadero cuello de botella
Conviene desmontar primero un mito: envejecer no es sinónimo de depender. Una estimación elaborada para el Informe Estado de la Nación 2025, mediante la recodificación de los microdatos de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2023, calculó que el 11,8% de los hombres y el 23,6% de las mujeres de 65 años o más están en situación de dependencia. Bajo esa metodología, la mayoría de las personas de 65 años o más no fue clasificada en situación de dependencia.
Quienes sí necesitan apoyo, sin embargo, enfrentan un sistema construido sobre una premisa que se agota: “la familia se encargará”. Con menos hijos, esa familia es cada vez más pequeña, y la carga sigue recayendo sobre todo en las mujeres. Comprar el cuidado en el mercado resulta prohibitivo para la mayoría. Según una consulta a prestadores realizada por esa misma investigación a finales de 2024, el costo promedio estimado fue de ₡804.285 mensuales en una residencia privada, ₡436.000 en un centro diurno privado y unos ₡400.000 por cinco horas diarias, cinco días a la semana, de atención domiciliaria contratada con una empresa especializada.
Frente a eso, investigaciones citadas en ese trabajo estiman que los presupuestos de las instituciones que prestan los servicios del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos (Sinca), creado por la Ley 10192 en 2022, suman cerca del 0,01% del PIB, mientras que el costo de implementarlo rondaría el 0,52% del PIB para 2024. El cuidado dejó de ser un asunto doméstico. Es infraestructura social.
Pensiones: financiar décadas, no años
El INEC calcula que en 2024 había 16 personas de 65 años o más por cada 100 en edad de trabajar, de 15 a 64 años. En 2050 serán 39,2. El Fondo Monetario Internacional, en su evaluación de 2026, llega a una conclusión similar: la relación de dependencia de la vejez pasaría de 18% en 2025 a 41% en 2050, con presión creciente sobre pensiones y salud.
El indicador no significa que cada trabajador vaya a sostener, literalmente, a una persona pensionada: los sistemas se financian de formas más complejas y la participación laboral puede cambiar. Pero sí dimensiona el reto. Por eso el debate sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte no puede reducirse a “a qué edad me pensiono”. La pregunta es cómo financiar veinte o veinticinco años de vida después de la actividad laboral principal, con ingresos suficientes y sin trasladar el costo a las familias.
Un mapa que envejece a ritmos distintos
El INEC proyecta que la población total alcanzaría su máximo en 2044, con 5.439.639 habitantes, y comenzaría a disminuir en 2045. El envejecimiento tampoco será parejo. Un análisis cantonal del Programa para la Promoción de la Gestión y el Ordenamiento del Territorio de la Universidad Nacional (PROGOT-UNA), elaborado a partir de las proyecciones del INEC, estima que en 2050 el cantón de San José tendrá 357 personas mayores por cada 100 menores de 15 años, 3,6 veces la relación actual. Según ese mismo análisis, Los Chiles, Guatuso, La Cruz y Talamanca seguirán siendo relativamente jóvenes por efecto de los flujos migratorios.
Eso cambia lo que necesita cada municipalidad: aceras transitables, transporte público accesible, vivienda adaptada, servicios de salud cercanos y escuelas dimensionadas para menos estudiantes. Las ciudades amigables con las personas mayores dejan de ser un proyecto social y se convierten en planificación territorial.
Los territorios donde se vive más
El mapa del envejecimiento también tiene sus puntos luminosos. A mediados de la década de 2000, el demógrafo Luis Rosero-Bixby, del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, documentó una supervivencia excepcional entre los hombres mayores de la península de Nicoya, un hallazgo que la literatura científica posterior consolidó. En paralelo, la península fue incorporada en 2007 a la lista de las llamadas “zonas azules” por el equipo asociado a esa denominación, hoy una marca registrada. Conviene distinguir ambas cosas: el hallazgo demográfico y la certificación comercial están relacionados, pero no son lo mismo.
Casi dos décadas después, Rosero-Bixby volvió sobre los datos. En un estudio publicado en 2023 en la revista Demographic Research mostró que la ventaja nicoyana es un fenómeno de generaciones: los hombres de la península nacidos en 1905 tenían una mortalidad adulta 33% menor que la del resto de los costarricenses, mientras que los nacidos en 1945 la tenían 10% mayor. El área con ventaja se redujo a un corredor de aproximadamente 25.000 habitantes que va de Hojancha hacia Sámara. En 2025, un informe de la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad y del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, ambos de la UCR, advirtió que los cambios en la alimentación, la actividad física, la urbanización y la estructura familiar ponen en riesgo esa ventaja, y recordó que la zona costarricense es la más pobre entre sus pares del mundo.
Rosero-Bixby también detectó un posible nuevo punto de baja mortalidad lejos de Guanacaste. En Upala, Los Chiles y Guatuso, en la zona norte de Alajuela, la mortalidad de las personas de 60 años o más resultó 19% inferior al promedio nacional. El demógrafo pidió cautela: antes de hablar de una nueva zona hay que descartar distorsiones en los datos. Son, además, cantones que el análisis del PROGOT-UNA prevé relativamente jóvenes en 2050 por efecto de la migración, lo que obliga a leer cualquier indicador con cuidado.
Otras comunidades reclaman su lugar. En San Carlos, el Grupo Preservador de las Tradiciones Sancarleñas afirmó haber identificado 28 personas centenarias y 40 más de entre 96 y 100 años, y promueve que el cantón sea reconocido como zona azul. Esa aspiración no constituye todavía una validación científica. Por su parte, un análisis del Observatorio de Turismo de la UNA, presentado como un primer acercamiento y basado en buena medida en datos censales de 2011, no encontró diferencias significativas en los porcentajes de personas de edad avanzada entre Nicoya, Hojancha y Nandayure y el resto del país. No contradice sin más a Rosero-Bixby: mide otra cosa, porque no emplea su metodología de mortalidad y supervivencia por cohortes.
Las edades extremas tampoco se limitan a Nicoya. El padrón electoral de 2026 registró 969 electores de 100 años o más, 655 mujeres y 314 hombres, aunque ese registro no debe confundirse con una estimación demográfica de la población centenaria ni con evidencia de zonas de supervivencia excepcional. La lección de Nicoya no es una dieta milagrosa ni un producto turístico. Es que las condiciones en que se vive, el trabajo, la alimentación, el agua, los vínculos y el acceso a la salud, se acumulan a lo largo de toda la vida, y que una ventaja ligada a ciertas generaciones puede desvanecerse cuando cambia el entorno que la produjo.
El cambio de pregunta
Nada de lo anterior convierte el envejecimiento en una catástrofe. Las personas mayores trabajan, emprenden, cuidan, consumen, votan, estudian, crean y sostienen a sus familias. Un país donde las vidas son más largas también genera empleo formal en cuidados, demanda de vivienda adaptada, tecnología, turismo interno, formación continua y servicios financieros. Esas oportunidades, sin embargo, requieren reglas, inversión y un Estado que deje de tratar el tema como un nicho.
Por eso la pregunta cambia. Ya no basta con preguntar qué les está pasando a las personas mayores. Hay que preguntarse qué le está pasando a Costa Rica porque, en promedio, vivimos más años mientras nacen cada vez menos personas. Una escuela que pierde matrícula es una noticia demográfica. Una empresa que no encuentra personal, también. El futuro del IVM, la vivienda accesible y el transporte público son capítulos de la misma historia.
Quienes tendrán 80 años en 2050 ya viven entre nosotros: hoy rondan los 56. Muchas de las personas que hoy acompañan a su madre o a su padre serán protagonistas de la siguiente etapa de esta transformación. Lo que el país decida ahora definirá en qué condiciones llegarán ellas.
Termino aquí.
¿Seguirá Costa Rica administrando el país que fue, o empezará por fin a organizarse para el país que ya es?
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Lea también. Lea también nuestra cobertura sobre la reforma del IVM y sobre el Sistema Nacional de Cuidados.
Lic. Carlos Eduardo Méndez Vásquez, Máster en Gerencia Social — Código profesional 036791
Nota de fuentes: INEC, Estadísticas Vitales definitivas 2024 (nacimientos y fecundidad); INEC, Estimaciones y proyecciones de población 1950-2100 (julio de 2024); INEC, Encuesta Nacional de Hogares 2025; INEC, Encuesta Continua de Empleo, segundo trimestre de 2025; Banco Central de Costa Rica, Informe de Política Monetaria y datos de población por grupos de edad con base en el INEC (2010-2026); Ley 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, y su reforma de 2022; CCSS, estudio actuarial del Seguro de Salud con corte a diciembre de 2023, presentado en abril de 2026, según La Nación y El Financiero; Alexander Chaverri-Carvajal, Mapeo del sistema de cuidados para la población adulta mayor y alternativas para aumentar la cobertura y la sostenibilidad financiera, investigación para el Informe Estado de la Nación 2025 (PEN-CONARE); Fondo Monetario Internacional, evaluación de Costa Rica 2026, según El Financiero; PROGOT-ECG, Universidad Nacional, análisis cantonal con proyecciones a 2050, según UNA Comunica (enero de 2026); Luis Rosero-Bixby, Demographic Research, vol. 49, art. 27 (2023), y cobertura de La Nación (25 de junio de 2023); Cátedra de Envejecimiento y Sociedad y CIOD de la UCR, informe sobre la península de Nicoya (2025), según La Nación; Observatorio de Turismo de la UNA, contraste de indicadores cantonales entre la península de Nicoya y el resto del país (2023); Grupo Preservador de las Tradiciones Sancarleñas, según Delfino.cr (octubre de 2024); Tribunal Supremo de Elecciones, padrón electoral 2026, según La Nación, Delfino.cr y Observador; Ley 10192, del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos.
