Una propuesta de la CCSS reconoce, por primera vez, que cuidar a una persona mayor tiene un costo que hoy pagan, casi en silencio, las mujeres. Pero reconocerlo no basta: el cuido es un derecho, no un favor que ellas le hacen al país.
Por: Eduardo Méndez. Director de www.costaricamayor.com
Doña Marta dejó su trabajo formal a los cincuenta y dos años. No lo decidió en una reunión ni lo conversó con un asesor de pensiones: lo decidió una mañana, cuando su madre, de ochenta y siete, ya no pudo levantarse sola. Desde entonces sus días se miden en horarios de medicamentos, citas en la clínica y noches interrumpidas. Lo que doña Marta no sabe —porque nadie se lo ha dicho con claridad— es que cada uno de esos años sin cotizar le está restando, cuota por cuota, la posibilidad de una pensión digna cuando le toque a ella envejecer.
Esa historia, repetida en miles de hogares costarricenses, está hoy en el centro de un debate que el país no puede seguir aplazando. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) incluyó, dentro de las veinte propuestas de reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) presentadas en mayo, una medida que merece atención: reconocer cuotas de pensión a las mujeres que tengan hijos o que asuman el cuido de personas adultas mayores. La iniciativa, según la Gerencia de Pensiones, surgió de un diálogo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y busca cerrar una brecha que los números retratan sin matices.
Y los números son contundentes. En el régimen del IVM, las mujeres representan apenas alrededor del 39 % de las personas jubiladas, frente a un 61 % de hombres. Al mismo tiempo, cerca del 20 % de las personas adultas mayores del país no recibe ninguna pensión, y la propia CCSS reconoce unas 35.000 solicitudes del Régimen No Contributivo que esperan financiamiento. El sistema no solo envejece: envejece de manera desigual. Quienes más cuidan son, precisamente, quienes menos acceden a la protección que ese mismo cuidado hace posible.
Un trabajo que sostiene al país y no aparece en ninguna planilla
Que el cuido recae sobre las mujeres no es una percepción: es un dato medido. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del INEC documentó que, por cada hora que los hombres dedican al trabajo de cuido no remunerado, las mujeres dedican 2,6 horas. La Ley 9325, vigente desde 2015, obligó al Estado a contabilizar ese aporte invisible dentro de las cuentas nacionales. Sabemos, entonces, cuánto vale. Lo que no hemos resuelto es cómo dejar de cobrárselo a quienes lo realizan en forma de pensiones más bajas, carreras interrumpidas y vejeces más pobres.
Aquí conviene un giro que en Costa Rica Mayor consideramos irrenunciable. El cuido de una persona mayor no es un acto de caridad familiar ni un gesto de amor que el país pueda dar por descontado. Es un derecho de la persona adulta mayor —consagrado en la Ley 7935 y en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Costa Rica mediante la Ley 9394— y, a la vez, una responsabilidad que la sociedad delega de forma silenciosa en las mujeres. Cuando el Estado no garantiza ese cuido, no es que el problema desaparezca: simplemente lo traslada al hogar, y dentro del hogar, a ellas.
El país ya tiene las herramientas para verlo de otra manera. La Ley 10192 creó en 2022 el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos (SINCA), que reconoce expresamente que tanto la persona en situación de dependencia como la persona cuidadora son sujetos de derechos. La Política Nacional de Cuidados 2021–2031 y la transferencia por cuidados que administra el IMAS —dirigida sobre todo a cuidadoras no remuneradas de personas con dependencia severa— son pasos en esa dirección. La propuesta de la CCSS debería conversar con ese andamiaje, no caminar por separado.
Reconocer no es resolver
La advertencia, sin embargo, llega de afuera y de adentro. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que otorgar cuotas por hijos o por cuido es insuficiente si no se corrigen las brechas salariales y la informalidad laboral que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Quien trabaja en la informalidad no cotiza, y a quien no cotiza, un crédito adicional poco le sirve. Reconocer el cuido sin transformar las condiciones que lo vuelven una trampa sería ofrecerle a doña Marta un certificado de su sacrificio, no una solución.
Lo que está en juego no es un ajuste técnico de cuotas. Es la pregunta de fondo sobre qué tipo de protección le debemos a quienes sostienen, con su tiempo y su cuerpo, la dignidad de nuestra población mayor. Mientras el cuido siga siendo invisible para la economía, seguirá siendo invisible para el sistema de pensiones. Y mientras lo sea, seguiremos construyendo un país que se apoya en el trabajo de mujeres como doña Marta para después dejarlas envejecer en la desprotección que ellas mismas ayudaron a evitar para otros.
La puerta que abre la CCSS conviene cruzarla. Pero cruzarla exige dejar de hablar del cuido como un favor y empezar a tratarlo como lo que es: un derecho con dos rostros, el de quien lo recibe y el de quien lo entrega. ¿Qué clase de país queremos ser: uno que premie con olvido a quienes cuidan, o uno capaz de cuidar también a sus cuidadoras?
