Por: Redacción Costa Rica Mayor.com
San José, lunes 9 de febrero de 2026. La situación de miles de personas adultas mayores pensionadas en Costa Rica vuelve al centro del debate público. La Defensoría de los Habitantes alertó que alrededor de 45.000 pensionados llevan cinco años consecutivos sin recibir ajustes por costo de vida, una realidad que ha provocado una pérdida sostenida de su poder adquisitivo y un aumento en su vulnerabilidad económica.
Se trata de personas jubiladas pertenecientes al Régimen Transitorio de Reparto, bajo administración de la JUPEMA, así como pensionados con cargo al Presupuesto Nacional administrado por la Dirección Nacional de Pensiones.
Cinco años sin ajustes: un golpe directo a la calidad de vida
Según la Defensoría, la ausencia de aumentos por costo de vida tiene consecuencias graves y acumulativas para las personas adultas mayores, quienes deben enfrentar el encarecimiento constante de bienes y servicios esenciales como:
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medicamentos y atención en salud,
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alimentación básica,
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servicios públicos y transporte.
Esta situación coloca a miles de pensionados en riesgo de pobreza, pobreza extrema e incluso indigencia, especialmente a quienes dependen exclusivamente de su pensión para subsistir.
Una medida regresiva en derechos sociales
La Defensoría fue enfática al señalar que el congelamiento de los ajustes por costo de vida constituye una medida regresiva en materia de derechos económicos y sociales. Recordó que el ajuste a las pensiones es un derecho adquirido, que debe responder a criterios proporcionales, razonables y no abusivos.
Si bien el congelamiento se da en el marco de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) —que condiciona los incrementos al nivel de endeudamiento del país—, la Defensoría subrayó que toda medida regresiva debe ser excepcional, temporal y debidamente justificada, algo que, a cinco años de vigencia, ya no se cumple.
Presupuesto 2026: insuficiente y sin impacto real
El Ministerio de Hacienda informó que para 2026 se contempló una previsión presupuestaria que permitiría un aumento de hasta ¢10.000 por concepto de costo de vida para salarios públicos bajo la modalidad de salarios compuestos. No obstante, la Defensoría advirtió que esta medida no resuelve el problema de fondo, por dos razones clave:
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El aumento aún no se ha materializado.
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Las normas vigentes siguen atando el ajuste de las pensiones a los aumentos salariales de los empleados públicos, perpetuando el congelamiento.
Proyecto de ley 24.353: una urgencia legislativa
Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado directo a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para acelerar la discusión y aprobación del proyecto de ley n.º 24.353, que busca reconocer el ajuste por costo de vida a cerca de 30.000 personas pensionadas afectadas durante el último quinquenio.
La iniciativa ya fue aprobada en la Comisión de Asuntos Hacendarios y se encuentra a la espera de ser conocida por el Plenario Legislativo, por lo que su avance depende ahora de la voluntad política.
Voces de la vejez que no pueden esperar
La urgencia del tema se refleja en testimonios como el de una pensionada de 89 años, exfuncionaria del Ministerio de Educación Pública:
“Trabajaba como conserje en el MEP; tengo 89 años y padezco de diversos problemas de salud. Desde el 2020 no recibo un ajuste a mi pensión por costo de vida.”
Un llamado desde Costa Rica Mayor
Desde Costa Rica Mayor, reiteramos que envejecer con dignidad no puede depender de la espera indefinida de reformas fiscales. El ajuste por costo de vida no es un privilegio: es una herramienta básica de justicia social para proteger a quienes ya dieron su vida laboral al país.
