Por Redacción Costa Rica Mayor. Colabora: Eduardo Méndez, Abogado, director de Costa Rica Mayor.
Febrero 2026
Tras el cierre del proceso electoral y con el país aun asimilando los resultados, uno de los temas que empieza a ganar espacio en la conversación pública es el lugar que ocupará la vejez en la agenda del nuevo gobierno. Costa Rica envejece aceleradamente y hoy más de un millón de personas tienen 60 años o más. En este contexto, las decisiones que se tomen en materia de pensiones, protección social, salud y cuidados marcarán de forma directa la calidad de vida de esta población.
Durante la campaña, la hoy presidenta electa Laura Fernández colocó el énfasis en la sostenibilidad fiscal, la reactivación económica y la reforma del Estado. Si bien el envejecimiento no fue uno de los ejes centrales del debate electoral, varias de sus propuestas tienen efectos directos —positivos y también inciertos— sobre las personas adultas mayores.
Uno de los temas más sensibles es el futuro del sistema de pensiones. El nuevo gobierno ha señalado la necesidad de fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, ante las advertencias técnicas sobre su sostenibilidad a mediano y largo plazo. Entre las ideas que han circulado está la capitalización del fondo mediante la venta de activos estatales estratégicos, una propuesta que ha generado amplio debate público por sus implicaciones económicas y sociales.
Para las personas adultas mayores, el mensaje es claro: no se anuncian recortes inmediatos a las pensiones en curso, pero sí un escenario de reformas estructurales que podría impactar a las futuras generaciones de jubilados. Organizaciones sociales han insistido en que cualquier ajuste debe respetar el principio de progresividad de los derechos sociales y garantizar condiciones de vida dignas en la vejez.
En materia de protección social, el nuevo gobierno ha hablado de “focalización” y “eficiencia” del gasto público. Esto plantea interrogantes sobre programas clave dirigidos a personas mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad, como los subsidios no contributivos, los servicios de cuido y el apoyo a hogares y centros diurnos. Instituciones como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor serán actores centrales para asegurar que la vejez no quede relegada en un contexto de contención del gasto.
En el ámbito de la salud, se espera continuidad en el modelo solidario, aunque con presión creciente sobre los servicios geriátricos y gerontológicos. El aumento de enfermedades crónicas, la demanda de atención en salud mental y el avance de las demencias obligan a repensar la forma en que el sistema responde a una población cada vez más longeva. Aquí, el reto no es solo financiero, sino también de planificación y enfoque preventivo.
Otro punto ausente en el discurso electoral, pero clave para el país, es el sistema de cuidados. Costa Rica enfrenta una deuda histórica con las personas mayores dependientes y con quienes cuidan, mayoritariamente mujeres. Aunque el nuevo gobierno ha mencionado la importancia de ordenar y hacer más eficiente el Sistema Nacional de Cuidados, todavía no se conocen compromisos claros ni plazos concretos en relación con la vejez.
Desde Costa Rica Mayor, el llamado es a que el envejecimiento no sea tratado únicamente como un problema fiscal, sino como una realidad social que exige políticas integrales, con enfoque de derechos humanos y participación activa de las propias personas adultas mayores. La agenda post-electoral abre una oportunidad: colocar la vejez en el centro del debate público, no como carga, sino como parte esencial del presente y futuro del país.
El rumbo que tome el nuevo gobierno en los próximos meses será decisivo. Para las personas mayores, no se trata solo de promesas, sino de garantías concretas para envejecer con dignidad, seguridad y reconocimiento social.
