Por: Eduardo Méndez, Abogado. Director de Costa Rica Mayor
La violencia hacia las personas adultas mayores no siempre se expresa en golpes, gritos o agresiones visibles. Una de las formas más silenciosas, pero también más dañinas, es la violencia patrimonial, una situación en la que la persona mayor es despojada, manipulada o limitada en el uso de sus bienes, ingresos, propiedades o pensión. Este tipo de violencia afecta directamente la autonomía, la dignidad y el derecho a decidir sobre el propio patrimonio.
En Costa Rica, la violencia patrimonial está definida y sancionada por la legislación vigente. Sin embargo, continúa siendo una forma de abuso normalizada dentro de las familias, invisibilizada por la dependencia emocional, la vergüenza y la creencia de que la economía del hogar es un asunto privado.
Violencia patrimonial: una definición esencial para comprender el problema
Se considera violencia patrimonial cuando una acción o una omisión provoca la pérdida, el deterioro, la sustracción, la retención o el control abusivo de bienes y recursos pertenecientes a la persona adulta mayor. Puede ser tan evidente como obligarla a firmar un traspaso de su vivienda, o tan sutil como impedirle acceder a su propia pensión o administrar su dinero bajo la excusa de “protegerla”. Esta forma de violencia ocurre con frecuencia entre familiares cercanos y suele desenvolverse en silencio.
Normativa aplicable: la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor
La Ley N.º 7935 establece las bases para la protección patrimonial de las personas adultas mayores. El artículo 2 define la violencia patrimonial como una forma de menoscabo a la integridad de la persona mayor. El artículo 3 reconoce el derecho de esta población a una atención y protección jurídica y psicosocial ante situaciones de abuso. Además, el artículo 57 ordena aplicar las medidas de protección contempladas en la Ley contra la Violencia Doméstica para prevenir y detener este tipo de agresiones. Esto permite que cualquier persona —no necesariamente familiar— solicite medidas de protección si identifica un riesgo.
Cómo se presenta este tipo de violencia en la vida diaria
La doctrina jurídica señala que la violencia patrimonial incluye cualquier acto que limite o afecte el ejercicio libre de administración de bienes. Se manifiesta cuando se controla el acceso al dinero, cuando se retienen documentos personales, cuando se presiona a firmar documentos sin comprensión o cuando se dispone de los bienes sin consentimiento. También incluye acciones de control financiero extremo, como decidir en qué puede o no gastar la persona mayor, o impedirle manejar sus cuentas bancarias.
Investigaciones y análisis coinciden en que la violencia patrimonial raramente se presenta de forma aislada. Generalmente se acompaña de manipulación emocional, amenazas, aislamiento familiar y desvalorización psicológica. La persona adulta mayor puede sentirse obligada a aceptar estas condiciones por miedo al abandono o por dependencia afectiva o física.
Jurisprudencia: lo que han dicho los tribunales en Costa Rica
La jurisprudencia nacional reconoce que la violencia patrimonial puede causar daños equivalentes a la violencia física o psicológica. Los tribunales han ordenado medidas de protección que incluyen la restitución del acceso a la vivienda, la reubicación del agresor y la protección del uso de bienes esenciales para la vida digna. Dado que este abuso ocurre en espacios privados, la valoración judicial considera la dinámica de relación y señales indirectas, entendiendo que suelen no existir testigos directos.
Es importante resaltar que las medidas cautelares no sustituyen los procesos civiles o de propiedad, pero garantizan la protección y seguridad de la persona adulta mayor mientras se resuelven los conflictos patrimoniales de fondo.
Proteger el patrimonio es proteger la vida y la dignidad
La violencia patrimonial no es un problema privado ni un asunto familiar interno. Es una violación de derechos humanos que afecta la autonomía, la identidad y el sentido de valor personal de la persona adulta mayor. Prevenirla implica reconocer su derecho a administrar su patrimonio, acompañar sus decisiones y actuar cuando existan señales de abuso o control.
La dignidad no se hereda: se respeta en vida.
