Por: Redacción Costa Rica Mayor.
San José, 7 de octubre de 2025 — La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el Expediente 24.244, una reforma al artículo 142 bis del Código Penal que busca endurecer las sanciones por abandono de personas adultas mayores.
La iniciativa refuerza la protección penal ante situaciones de negligencia, desamparo o desatención grave hacia las personas mayores, especialmente cuando quienes las abandonan son familiares, cuidadores o responsables directos de su bienestar.
¿Qué propone la reforma?
El proyecto modifica el artículo 142 bis del Código Penal para establecer:
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Hasta 4 años de prisión cuando el abandono ponga en peligro la vida o la integridad de una persona adulta mayor.
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Hasta 6 años de prisión si el abandono causa daños graves a la salud o a la integridad física.
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Hasta 18 años de prisión cuando el abandono derive en la muerte de la persona mayor.
¿Por qué es necesario endurecer las penas?
En Costa Rica, el abandono y la negligencia son formas de violencia silenciosa que afectan a miles de personas adultas mayores. Muchos casos permanecen ocultos en los hogares o centros de cuidado, sin denuncia ni sanción.
Las estadísticas del CONAPAM y del Poder Judicial evidencian un aumento de denuncias por maltrato, negligencia y abandono, pero las sanciones actuales resultan insuficientes para disuadir estas conductas. Además, el abandono no siempre es visible: puede manifestarse en la falta de alimentación, medicación, atención médica o compañía.
Endurecer las penas busca reconocer el valor y la dignidad de las personas mayores y enviar un mensaje claro a la sociedad: el abandono no es un descuido, es un delito.
La reforma se alinea con los principios de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley N.º 7935) y con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que obliga al Estado a garantizar el derecho a la vida, a la integridad y a un trato digno.
Un paso hacia una Costa Rica más justa y solidaria
La aprobación de este proyecto en primer debate representa un avance significativo en la lucha contra la violencia hacia las personas mayores. Sin embargo, expertos en gerontología y derecho penal señalan que las sanciones deben complementarse con políticas públicas preventivas, apoyo a cuidadores, educación comunitaria y redes de atención temprana.
El envejecimiento de la población costarricense exige una respuesta jurídica firme, pero también una transformación cultural: cuidar, acompañar y respetar a las personas mayores es una responsabilidad compartida.
