Por: Redacción Costa Rica Mayor.
San Jóse, 20 de junio de 2025. — El envejecimiento poblacional y la migración conforman una convergencia silenciosa que golpea con fuerza a Costa Rica: las personas mayores migrantes afrontan una situación de vulnerabilidad estructural que requiere atención urgente.
El Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia reportó este junio de 2025 el caso de un residente migrante de edad avanzada que lleva más de 150 días internado en condición de abandono, sin opción de reubicación ni acompañamiento familiar. Este es uno de los 21 casos de adultos mayores —tanto nacionales como extranjeros— en situación similar registrados en lo que va del año, según información de la Comisión de Abandono del hospital. En promedio, los adultos mayores abandonados permanecen entre 30 y 60 días, aunque en casos como el del migrante irregular la espera se prolonga indefinidamente.
Esta realidad clínica dialoga con un panorama demográfico marcado por la aceleración del envejecimiento en Costa Rica. Según el “Primer Informe sobre Personas Adultas Mayores” de la UCR, 2025 es el año en que el país comienza a sentir la presión real: los mayores de 65 años rebasan el 15 % de la población y se proyecta que para 2050 superarán el 25 % .Longevidad y migración cruzan un umbral que exige respuestas más allá del nivel de salud pública.
Para las personas mayores migrantes, esta presión se amplifica: el acceso a servicios de salud es limitado o inexistente, especialmente para quienes carecen de estatus migratorio regular. La condición migratoria irregular se traduce en larga estancia hospitalaria sin reubicación, acceso irregular a pensiones y dependencia de redes informales. Las organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, denuncian además condiciones inhumanas en los Centros de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), donde adultos mayores han vivido sin libertad de movimiento por períodos mayores a dos meses, sin información ni acceso real a asilo.
A este escenario se suman datos alarmantes sobre abandono de personas adultas en general. En 2024, las instituciones del país registraron un aumento del abandono hospitalario: 1 050 casos hacia octubre, comparado con solo 150 en 2014. Solo en los primeros cuatro meses de 2025 se reportaron ya 40 casos de adultos mayores abandonados tras recibir atención médica.
El marco legal costarricense incluye avances recientes: la Ley No. 9857 tipifica el abandono como delito, con penas de hasta diez años de prisión, y el Sistema Nacional de Cuidados (SINCA) busca fortalecer redes de apoyo para mayores. No obstante, el desfasaje entre legislación y realidad operativa beneficia poco a quienes carecen de respaldo institucional.
La convergencia entre migración y envejecimiento obliga a pensar en soluciones integrales. Programas de salud comunitaria —como los EBAIS— necesitan incorporar atención específica para migrantes mayores, incluso quienes no cuentan con documentos o seguro médico. Asimismo, los centros CATEM y hospitales deben implementar protocolos para identificación temprana de mayores migrantes y estrategias de vinculación con apoyo social y legal.
En suma, el país enfrenta hoy una doble urgencia: garantizar que las personas mayores migrantes puedan envejecer con dignidad, sin quedar atrapadas en sistemas hospitalarios ni invisibilizadas en procesos legales; y adaptar los servicios públicos para atender la inevitable realidad de una población envejecida y diversa. La pregunta es: ¿está Costa Rica dispuesta a implementar políticas que en la práctica cumplan con la promesa de protección universal?
