Por Lic. Jorge Dengo. Abogado, Administrador. Ex Diputado.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha decidido, una vez más, cargar sobre los hombros equivocados el peso de su desorden financiero. Esta vez, ale toca el turno a los pensionados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), quienes, según se valora en una propuesta institucional, tendrían que pagar para continuar recibiendo atención médica.
Sí, leyó bien: después de haber cotizado durante toda su vida, y en muchos casos, tras haber sido víctimas del mismo sistema disfuncional, ahora la Caja pretende que los pensionados paguen por lo que ya habían pagado. La justificación, como de costumbre, se ampara en el discurso de sostenibilidad. Pero lo que se esconde detrás es otra cosa: un modelo de financiamiento estructuralmente roto, que se ha negado a reformarse y cuya voracidad fiscal ha contribuido activamente al crecimiento de la informalidad laboral, a la precarización del empleo y a la erosión de la confianza ciudadana.
Un modelo agotado que castiga al que cumple
La idea de cobrar atención médica a los pensionados no es un simple ajuste técnico. Es un acto profundamente regresivo, y además una confesión pública: la institución reconoce que el modelo actual ya no se sostiene. Durante años, la CCSS ha hecho oídos sordos a múltiples llamados sobre la necesidad de una reforma integral de su sistema de contribuciones. La estructura actual castiga al que cumple, criminaliza la independencia laboral y desconoce por completo las dinámicas del nuevo mundo del trabajo.
No es coincidencia que, mientras las tarifas de cargas sociales se han mantenido altas y sin flexibilidad, la informalidad siga estancada por encima del 39%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esa informalidad no es una casualidad ni una falla del mercado: es consecuencia directa del diseño institucional. ¿Qué incentivo tiene un emprendedor o un trabajador independiente para formalizarse, si lo primero que encuentra es una estructura confiscatoria, retroactiva y diseñada para castigar en lugar de facilitar?. La OCDE lo ha señalado, las cuotas de la seguridad social son muy altas; sin embargo, desde la Junta Directiva y la Presse han hecho de oídos sordos.
La CCSS como actor del subdesarrollo
La Caja, por supuesto, no es la única responsable del deterioro institucional del país. Pero sí es un actor principal. Se ha convertido en un ente cuya influencia normativa y regulatoria excede su rol constitucional. No sólo administra la salud y las pensiones, sino que impone condiciones sobre contratación, acceso a servicios y cumplimiento fiscal. En la práctica, su poder ha crecido tanto como su falta de autocrítica.
Durante la última década, ha demostrado que prefiere litigar y perseguir a ciudadanos que facilitar procesos de formalización. Prefiere embargar cuentas que flexibilizar cobros. Prefiere cargar sobre los trabajadores lo que no se atreve a exigirle a sus propias estructuras internas. La Caja se comporta como un Estado dentro del Estado, sin rendir cuentas de manera efectiva ni mostrar avances en eficiencia, digitalización o mejora de la atención.
El problema es sistémico, no coyuntural
El anuncio de la posible prima para los pensionados del IVM debe leerse como síntoma de una enfermedad más profunda: el modelo de seguridad social costarricense está estructuralmente desalineado con la realidad socioeconómica del país. Se diseñó en un contexto de economía formal, de empleo asalariado, de relaciones laborales estables y de crecimiento demográfico sostenido. Ninguna de esas condiciones existe hoy.
Costa Rica enfrenta un envejecimiento poblacional acelerado, un mercado laboral fragmentado y una transformación digital que ha desdibujado las fronteras del trabajo tradicional. Pretender financiar este sistema exclusivamente con las mismas fórmulas del siglo XX —a través de cuotas obrero-patronales fijas— no solo es inviable: es suicida. La caja necesita, urgentemente, una diversificación de sus fuentes de financiamiento, una revisión de su estructura interna y un nuevo pacto social que distribuya con justicia las cargas.
Pensionados: los nuevos chivos expiatorios
Lo más grave de todo es el simbolismo del anuncio. Elegir a los pensionados como blanco de recorte o nuevo cobro es elegir al grupo más vulnerable, al que menos capacidad de organización tiene, y al que ya cumplió con su parte. Es un acto de debilidad institucional y de cobardía política. Ninguna Junta Directiva seria puede sugerir una medida como esta sin antes haber mostrado voluntad de reformar la estructura interna de costos, los privilegios administrativos, los excesos de planilla o la deficiente inversión tecnológica que aún limita la calidad del servicio.
Según la misma CCSS, el IVM cuenta con cerca de 330 mil pensionados. ¿De verdad vamos a resolver los problemas estructurales de la institución aplicando una prima mensual a este grupo? ¿O es simplemente un parche para postergar las reformas que verdaderamente se necesitan, como por ejemplo una reforma constitucional, un rediseño de la base contributiva, la introducción de esquemas de aseguramiento más flexibles o la incorporación de mecanismos de financiamiento alternativo?
La Caja necesita reforma, no más cobros
Nadie pone en duda el valor histórico y social de la CCSS. Ha sido, sin duda, un pilar fundamental del modelo de desarrollo costarricense. Pero no podemos permitir que ese legado justifique la inercia. La institución necesita reformas profundas y urgentes. No es sostenible seguir pidiéndole más a los mismos de siempre: a los trabajadores formales, a los empresarios responsables, a los pensionados que ya cotizaron.
Es hora de modernizar la CCSS. Eso implica introducir competencia en algunos servicios, digitalizar trámites, revisar cargas sociales, reducir costos administrativos y profesionalizar su gobernanza. Implica también una discusión seria, sin mitos, sobre el rol del Estado en el financiamiento del sistema. ¿Hasta cuándo seguiremos viendo a la CCSS como un ente intocable, aunque su inacción esté hipotecando el futuro del país?
Una cultura institucional basada en la persecución
Quizás el elemento más preocupante de la cultura institucional de la CCSS es su relación con los contribuyentes. En lugar de una lógica de servicio, opera bajo una lógica de persecución. Al trabajador independiente se le presume deudor. Al pequeño empresario, evasor. Al pensionado, una carga. Y al asegurado, un número. Esa cultura debe cambiar. La Caja necesita recuperar su vocación de servicio, entender las nuevas dinámicas sociales y actuar como una institución aliada del desarrollo, no como un obstáculo.
La propuesta de cobrar por la atención médica a los pensionados del IVM no debe ser aprobada. No solo por razones económicas, sino por razones éticas, sociales y políticas. Si se aprueba, marcará un antes y un después en la relación de la ciudadanía con la seguridad social. Será una señal clara de que la institucionalidad costarricense ha dejado de proteger a quienes más lo necesitan para sostener una estructura que ya no se justifica a sí misma.
Conclusión: la sostenibilidad empieza por la justicia
La sostenibilidad financiera de la CCSS es importante. Pero esa sostenibilidad no se puede construir sobre la injusticia. No se puede sostener el sistema cargando más a los que menos tienen, ni culpando a los ciudadanos por un diseño institucional que no funciona. La Caja necesita mirarse en el espejo, reconocer sus errores y reformarse. Lo que no puede hacer —lo que no debemos permitir que haga— es seguir castigando a los mismos, mientras se niega a cambiar.
Hoy es a los pensionados. Mañana será a los asegurados voluntarios. Luego, a los empresarios formales. Y así, paso a paso, se desmantela un sistema que debería estar al servicio de todos. Si queremos salvar la seguridad social costarricense, tenemos que empezar por lo más básico: que la justicia preceda a la sostenibilidad.
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