Por: Redacción Costa Rica Mayor vía Columbia.co.cr
San José, 26 de Agosto del 2025. El derecho a la movilidad —fundamental para garantizar autonomía, dignidad e inclusión social— es uno de los más vulnerados en Costa Rica cuando hablamos de personas adultas mayores. Hoy, esa realidad se vuelve a poner en evidencia: 66 mil adultos mayores perderán el acceso al servicio de autobuses en comunidades de Barrio México, Barrio Escalante, Barrio La Cruz y San Cayetano, tras el anuncio de la empresa LaRed de suspender varios de sus trayectos.
La compañía justificó su decisión en un desequilibrio financiero que ronda los 18 millones de colones mensuales, generado por la disminución en la demanda de pasajeros y el impacto del beneficio legal que exime del pago de pasaje a las personas mayores. Según la asesora de gerencia, Pilar Ospina, muchos de los ramales que ahora se abandonan eran utilizados principalmente por adultos mayores para acceder a hospitales como el Calderón Guardia y el San Juan de Dios, así como a las oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social.
“Pasamos por donde más adultos mayores hay. No tenemos nada contra ellos, pero en algunos tramos transportamos más personas mayores que usuarios de pago, y así no es posible sostener la ruta”, declaró Ospina.
El caso no es aislado: más de 107 comunidades en todo el país ya enfrentan la desaparición de rutas de autobús, dejando a miles de personas —entre ellas un gran número de adultos mayores— sin un transporte seguro, accesible y confiable. La Cámara Nacional de Transportes insiste en que se requieren medidas urgentes, pues la proliferación de servicios informales en zonas rurales y la falta de soluciones integrales están deteriorando aún más la situación.
Silvia Bolaños, representante del sector, advierte que “los tiempos de viaje por el congestionamiento vial y la falta de sostenibilidad financiera tras la pandemia obligan a los usuarios a buscar alternativas que no siempre garantizan seguridad ni accesibilidad”.
Desde la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), se anunció un plan de acompañamiento a las empresas autobuseras, con visitas a 127 compañías y 145 rutas para revisar temas tarifarios y de calidad del servicio. Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto para miles de personas adultas mayores que dependen del transporte público para sus citas médicas, trámites y actividades cotidianas.
En un país que envejece aceleradamente, esta crisis refleja una deuda social pendiente: la movilidad no puede seguir siendo un privilegio condicionado por cálculos financieros, sino un derecho humano garantizado para todas las personas mayores.
