Por Redacción Costa Rica Mayor, vía Teletica.com
27 de octubre de 2025
En los últimos tres años, Costa Rica ha registrado más de 23.000 denuncias por delitos cometidos contra personas adultas mayores, según datos del Ministerio Público. Los casos más frecuentes afectan su patrimonio, integridad psicológica y libertad sexual, lo que revela una tendencia preocupante de violencia y abuso hacia esta población.
La fiscal adjunta Marta Brenes, encargada de las fiscalías que atienden a poblaciones en condición de vulnerabilidad, explicó que el país enfrenta un aumento sostenido en los delitos contra las personas mayores. “Tenemos una población adulta mayor cada vez más creciente, que debemos visibilizar y proteger de manera integral. En Costa Rica existe legislación que ampara a estas personas frente a abusos psicológicos, físicos, sexuales y patrimoniales, siendo este último el más denunciado”, afirmó.
Cifras que alertan
En 2023 se reportaron alrededor de 7.900 denuncias, en 2024 la cifra ascendió a 8.458, y para agosto de 2025 ya superaba las 7.000. Los hurtos, robos y estafas encabezan la lista de delitos, incluyendo modalidades informáticas que han crecido en los últimos años.
Además, el delito de abandono, incorporado al Código Penal en 2024, ha mostrado un incremento significativo, reflejando una nueva forma de violencia muchas veces vinculada a la negligencia o desinterés familiar.
De acuerdo con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), entre 2014 y 2024 los delitos contra personas mayores aumentaron cerca de 600 %, siendo el abandono en hospitales una de las formas más comunes de maltrato.
El silencio del miedo
Brenes subrayó que muchos adultos mayores no denuncian los abusos por miedo, vergüenza o dependencia de sus cuidadores, lo que los coloca en una situación de gran vulnerabilidad. “Esta población, por su condición, ya se encuentra en riesgo. Algunas personas cuidadoras incluso sustraen bienes o retienen propiedades, aprovechando el desconocimiento de los derechos de las personas mayores”, explicó.
El aislamiento social, el deterioro físico o cognitivo y la limitación económica son factores que agravan la situación y dificultan el acceso a la justicia.
Denunciar es proteger
El Ministerio Público recuerda que cualquier ciudadano puede denunciar actos contrarios a los derechos de las personas adultas mayores, pues se trata de delitos de acción pública. Las denuncias pueden realizarse ante la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o cualquier fiscalía del país.
Asimismo, existen mecanismos de protección y acompañamiento a través de la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, que brinda atención integral a las personas afectadas.
Una llamada a la conciencia
La fiscal Brenes reiteró que la institución mantiene una política basada en la defensa de los derechos humanos, la dignidad, la igualdad y la no discriminación. Hizo un llamado a las familias, comunidades y organizaciones a informarse y organizarse para prevenir el abuso y promover el respeto hacia quienes han contribuido durante toda su vida al desarrollo del país.
Envejecer no debería implicar vivir con miedo, sino con seguridad, acompañamiento y respeto.
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